Jueves, 26 Mayo 2022
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En los barrios más pobres de España, como son el “Polígono Sur” y “Los pajaritos”, la cuarentena está llevando a una situación dramática a muchas familias que dependen de la venta ambulante, o de la economía “informal” en general, resultado de la falta de empleo que sufren millones de españoles.

En estos barrios, sin poder llevar ningún ingreso a sus casas, sin tener capacidad de ahorro (un tercio de los hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos), las familias están pasando literalmente hambre. De hecho, ya se avisaba en el informe Foessa de Cáritas que un porcentaje importante de familias andaluzas no podría soportar una crisis como la de 2008. 650 niños necesitaban de los comedores escolares para poder comer, y muchas familias tenían ya que elegir entre poner la comida y calentar su casa.

Estas familias no piden dinero, piden comida o bonos para canjearlos por alimentos en supermercados. El propio relator de la ONU Philip Alston que visitó estos barrios el pasado 31 de enero ya alertó de que la situación de estos barrios era de extrema pobreza, y según él «los beneficios de la recuperación económica han ido a parar en gran medida a las empresas y las personas más ricas«.

No sólo el Estado no interviene para socorrer a los hogares proletarios, si no que encima les envía el ejército para amedrentar a los vecinos de esos humildes barrios en una actitud propia de un Estado cada vez más abiertamente fascista.

Se impone un Estado de alarma (en la práctica, de Excepción) invocando a una emergencia sanitaria, apelando al “bien común”, pero se abandona a su suerte a millones de personas que no tienen trabajo y tienen que buscarse la vida en la calle.

La situación actual refleja a las claras el papel que juegan los Estados en la sociedad capitalista. Lo más urgente fue calmar a los mercados, es decir, a los inversores especuladores que parasitan la economía productiva. No les bastaron los primeros 120 mil millones anunciados por el BCE ni los 18 mil millones de moratoria fiscal a las empresas aprobada por el gobierno “socialista” de Pedro Sánchez.

Ha tenido que llegar una auténtica riada de millones de euros para calmarlos: la compra de 1,3 billones de euros por parte del BCE en compra de deuda soberana y empresarial, y los 200 mil millones más que movilizará el Estado español, el 20% del PIB.

A los mercados no les bastó con el “se hará lo que se pueda”, si no el se hará lo que haga falta, cueste lo que cueste.

Desde el Comité Provincial del PCOE en Sevilla denunciamos que este Estado de Excepción que impide la libre circulación de las personas, que prohíbe las reuniones, está provocando más miseria y hambre a aquellos que el Estado abandona a su suerte, mientras se pliega a los mercados dándole todo lo que piden para calmar su insaciable apetito, “cueste lo que cueste”.

Hacemos un llamamiento al pueblo trabajador a organizarse y estructurarse desde abajo, en cuanto sea posible para levantar su propio Estado obrero, que hará lo contrario que el Estado actual: sacrificar a los mercados en pos del “bien común” y en pos de la salud y bienestar de los pueblos.

 

Abajo el Estado de Excepción que asola de hambre los hogares proletarios
Por el fin del ánimo de lucro que desmantela el sistema sanitario
Por el control de la economía en pos del “bien común”


Comité Provincial del PCOE en Sevilla
Ambulancias
 
Fa temps que els Tècnics d’Emergències Sanitàries estan denunciant la precarització i desmantellament del servei d’emergències per part de la Generalitat.

Ja en juliol de 2018 ens fèiem ressò de la precària situació que sofrien els treballadors d’emergències sanitàries, servei vital per al correcte funcionament de la sanitat pública i imprescindible en emergències a gran escala, estava sent venut a empreses privades en favor de precaritzar als treballadors. És a dir, la socialdemocràcia estava venent la nostra salut i integritat al millor postor, i la moneda de canvi eren les condicions laborals dels treballadors.

Des d’aleshores poc o res ha canviat, la precarització, menyspreu i ninguneig per part de la Generalitat als tècnics resta en peu, però les mesures preses arrel de la “crisi” del Coronavirus demostra que la socialdemocràcia no sols ven les nostres vides a empreses privades, sinó que per a ells les vides dels treballadors signifiquen poc més que uns pocs euros.

Als TES se’ls va negar el accés als vestits EPI(Equipaments de Protecció Unipersonal) al començament d’aquesta “crisi” amb la premissa de que són equipaments “massa cars”, mesura que ha estat substituïda ara amb l’entrega dels equipaments sobrants o disponibles, cosa que ha derivat en la cancel·lació d’alguns dels serveis per falta d’equipament. Sumat a açò, han canviat les mascaretes de protecció, de un factor FPP3 que atorga una protecció superior a FPP2, que són d’un factor mitjà. De nou, amb la premissa dels diners. A més a més, en alguns llocs, les proteccions són assignades segons titulació, major protecció per als metges i infermers, menor per als TES.

Les ambulàncies que estan sent utilitzades per al transport son netejades pels propis tècnics, sense cap tipus de especificació ni formació prèvia, perquè contractar una empresa que esterilitzara correctament les ambulàncies era “massa car”. Tampoc se’ls facilita, ni des de la Generalitat ni des de les empreses, formació alguna del mode d’actuació o funcionament davant un possible cas de Coronavirus.

A tots aquests punts es suma la total negligència i temerària mesura per part de les empreses, que obliguen als tècnics a llavar els seus equips a les seues pròpies cases, juntament amb la seua roba personal o la de les seues famílies.

La situació és insostenible per al sistema d’emergències, cada volta hi ha un major nombre d’alertes, inclús abans del Coronavirus, degut a la falta d’ambulàncies que deixà la retallada del 2013 amb el govern del Partit Popular, i que ni PSOE ni Compromís han dubtat en mantenit.

Una vegada més la realitat ens demostra que, ja sigui al dia a dia o una epidèmia, les vides dels treballadors a les empreses i als governs els importen més bé poc. Prioritzen els costos econòmics a la vida dels nostres TES, a qui se’ls tracta com poc més que instruments que es trenquen. Treballador, el capitalisme et posa en perill i t’utilitza de moneda de canvi per enriquir a les empreses, ¡No deixes que et tracten com a un objecte prescindible! Sense treballadors no hi ha producció, ni sistema sanitari, ni educació. Els treballadors ho som tot.

Organitza’t front a les retallades i la precarització!
Organitza’t front a un sistema que et maltracta!
Respecte i solidaritat obrera!


Comitè Regional del Partit Comunista Obrer Espanyol en València


València: Los técnicos de emergencias sanitarias como carne de cañón

Desde hace tiempo los Técnicos de Emergencias Sanitarias vienen denunciando la precarización y desmantelamiento del servicio de emergencias por parte de la Generalitat.

Ya en julio de 2018 nos hacíamos eco de la precaria situación que sufrían los trabajadores de emergencias sanitarias, cuyo servicio, vital para un correcto funcionamiento de la sanidad pública e imprescindible en emergencias a gran escala, estaba siendo vendido a empresas privadas en favor de precarizar a los trabajadores. Es decir, la socialdemocracia estaba vendiendo nuestra salud e integridad al mejor postor, y la moneda de cambio eran las condiciones laborales de los trabajadores.

Desde entonces poco o nada ha cambiado, la precarización, menosprecio y ninguneo por parte de la Generalitat a los técnicos sigue en pie, pero las medidas tomadas a raíz de la “crisis” del Coronavirus demuestran que la socialdemocracia no solo vende nuestras vidas a empresas privadas, si no que para ellos las vidas de los trabajadores significan poco más que unos pocos euros.

A los TES se les ha negó el acceso a los trajes EPI (Equipos de Protección Unipersonales) al inicio de esta “crisis” con la premisa de que son equipos “muy caros”, medida que se ha sustituido ahora con la entrega de los equipos sobrantes o disponibles, cosa que ha derivado en la cancelación de algunos de los servicios por la falta de equipos. Sumado a esto, han cambiado las mascarillas de protección, de un factor FPP3 que otorga una protección superior a FPP2, que son de factor medio. De nuevo, con la premisa del dinero. Además, en algunos lugares, las protecciones están siendo asignadas según titulación, mayor protección para médicos y enfermeros, menor para los TES.

Las ambulancias que están siendo utilizadas para el transporte son limpiadas por los propios técnicos, sin ningún tipo de especificación ni formación previa, ya que contratar una empresa que esterilizara correctamente las ambulancias era “demasiado caro”. Tampoco se les facilita, ni desde Generalitat ni desde las empresas, formación alguna del modo de actuación o funcionamiento ante un posible caso de Coronavirus.

A todos estos puntos se suma la total negligencia y temeraria medida por parte de las empresas, que obligan a los técnicos a lavar sus equipos en sus propias casas, junto con su ropa personal o la de sus familias.

La situación es insostenible para el sistema de emergencias, cada vez hay un mayor número de alertas, incluso antes del coronavirus, debido a la falta de ambulancias que dejó el recorte de 2013 con el gobierno del Partido Popular, y que ni PSOE ni Compromís han dudado en mantener.

Una vez más la realidad nos demuestra que, ya sea en el día a día o una epidemia, las vidas de los trabajadores a las empresas y los gobiernos les importan más bien poco. Priorizan los costes económicos a la vida de nuestros TES, a quienes tratan como poco más que instrumentos que se rompen. Trabajador, el capitalismo te pone en peligro y te utiliza de moneda de cambio para enriquecer a las empresas, ¡No dejes que te traten como a un objeto prescindible! Sin los trabajadores no hay producción, ni sistema sanitario, ni educación. Los trabajadores somos todo.

¡Organízate frente a los recortes y la precarización!
¡Organízate frente a un sistema que te maltrata!
¡Respeto y solidaridad obrera!


Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en València
Estado
 
El pasado martes 17 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó una serie de “medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19” agrupadas en el Real Decreto-ley 8/2020.

Dicho Real Decreto-ley destina 300 millones de euros para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario para hacer frente a las consecuencias sociales del COVID-19 mediante transferencias a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales.

Los Ayuntamientos dispondrán de una cuantía igual al superávit del ejercicio 2019 para financiar las ayudas económicas y las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y atención a la dependencia, o lo que es lo mismo, unos 5 mil millones de euros para todos los ayuntamientos.

Destinarán una línea de crédito de hasta 200 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para atender las necesidades financieras de las pequeñas y medianas empresas para que éstas puedan invertir en la compra y leasing de equipamientos tanto para adaptarlas tanto a la digitalización como para el trabajo no presencial, o teletrabajo.

Destinarán una línea de avales por cuenta del Estado para empresarios de hasta 100.000 millones de euros para “facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19”. Es decir, el Estado avalará hasta 100.000 millones de euros sobre créditos que se realizarán a través de las entidades de crédito, es decir, la banca.

Además, se amplía la capacidad de endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado en 10.000 millones de euros para facilitar la liquidez de las empresas.

Se crea una línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización siendo beneficiarias las empresas internacionalizadas.

Gasto por parte del Estado en investigación científica en el ámbito del COVID-19 por una cuantía de 29.650.000 euros.

Como se puede comprobar, el Gobierno ha decidido movilizar 117.530 millones de euros de dinero público en dicho Real Decreto-ley, de los que para el pueblo trabajador, incluyendo aquí las partidas de investigación científica contra el coronavirus, son 5.330 millones de euros; mientras que para los empresarios se destinan 112.200 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 95,46% del dinero público comprometido por el Gobierno irán a los bolsillos de los empresarios, por un 4,54% que irá destinado para las clases populares y la clase obrera. Como se puede comprobar, fijándonos exclusivamente para qué clase está destinada cada partida de dinero, sin duda, el gobierno de la falsa izquierda no ha dudado en entregar prácticamente toda la tajada a los empresarios.

Pablo Iglesias decía el pasado 19 de marzo que no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco en lo económico y social, pero, evidentemente, a tenor de todo lo mostrado anteriormente, su Gobierno atiende infinitamente mejor a los empresarios que al resto del pueblo.

CCOO y UGT, ya antes de que se decretara el Estado de Alarma, habían pactado con la Patronal un acuerdo exigiendo al Gobierno que se diera manga ancha a los empresarios a la hora de hacer EREs y ERTEs, siempre que éstos fueran negociados con ellos y en el caso de los ERTEs el trabajador tuviera derecho a prestación por desempleo, aunque no tuviera el periodo de cotización suficiente para haber devengado dicho derecho, y que el cobro de dicha prestación no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos. La subordinación de CCOO y UGT a la Patronal es vergonzosa, llevan 40 años engañando y traicionando a los trabajadores de este país y, en una situación clave como la actual, no podían fallarle a los empresarios. El Gobierno, a posteriori, no ha dudado en transponer en el Real Decreto-ley lo previamente acordado por la CEOE, CCOO y UGT.

El Gobierno, y sus arrastrados sindicatos – CCOO y UGT-, venden como un triunfo para los trabajadores los ERTEs. Sin embargo, para quien realmente es un triunfo es para los empresarios que verán como el Estado asumirá la retribución a los trabajadores a los que les suspendan los contratos, es decir, se ahorrarán tanto los salarios como las cotizaciones de los trabajadores. Sin embargo, el trabajador perderá, como mínimo, un 30% de su salario los primeros 180 días que será un mínimo del 50% de su salario a partir del día 181. ¡Esto es el capitalismo! El empresario siempre gana y el trabajador siempre pierde, y el Estado siempre sirve al empresario.

También dice el Gobierno que atiende a las capas más empobrecidas con medidas como la moratoria en el pago de la hipoteca, o porque durante el mes siguiente a la entrada en vigor del real decreto-ley las eléctricas, los suministradores de gas y de agua no podrán suspender el suministro a aquéllas personas que estén en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social tal y como quedan definidas dichas categorías en el Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre, ley realizada por el Partido Popular por la que restringieron las condiciones para tener acceso al bono social eléctrico, es decir, ley que benefició a las empresas eléctricas. Hay que recordar que la entrada en vigor de esa ley en 2017 implicó que de 2,3 millones de beneficiarios del bono social se pasara en 10 meses a 1.230.160 de beneficiarios. Sin duda esto es un pequeñito parche que no soluciona, en absoluto, el problema generado por el capitalismo, la pobreza y la desigualdad, que se multiplicará como consecuencia de la acentuación de la crisis capitalista. De hecho aquí se nota la mano del oportunismo traidor podemita, se nota la mano de la engañifa, donde se ponen medidas irrisorias, teniendo en cuenta el dinero público que se pretende movilizar, como fórmula para blanquear el saqueo de las cuentas públicas a favor de la burguesía.

Si de verdad el Estado y su Gobierno quieren servir a los intereses de la mayoría de la población, de las capas populares y del proletariado, en lo concerniente a las hipotecas (derecho a la vivienda), y los “suministros básicos” como denomina a la luz, agua y gas en el Real Decreto-ley e intervenir en el precio de los mismos, no le queda otro remedio que nacionalizar la banca, y las empresas suministradoras de esos “suministros básicos” y subordinarlos a los intereses del pueblo. Cosa que, ni por aproximación, pretenden hacer.

Los medios de manipulación del capital, así como los apéndices sindicales del Estado, CCOO y UGT, anuncian que “el Gobierno deberá absorber más de un millón de parados por la crisis del coronavirus en las próximas semanas”. El Gobierno de los capitalistas, con IU-PCE y PODEMOS, nuevamente ha mostrado a quien sirve, que no son a otros que a los empresarios. Nuevamente el marxismo acierta en su caracterización del Estado como instrumento de opresión de una clase sobre otra y, en el caso del Estado burgués español un instrumento al servicio de la burguesía para someter a los trabajadores. Ello se puede ver en las medidas adoptadas por el Gobierno, donde no dudan en distribuir nuevamente la riqueza a favor de la burguesía, de los empresarios, de los monopolios, de la banca.

Las medidas adoptadas por el Gobierno no pretenden solventar los problemas del pueblo, sino salvaguardar al capitalismo agonizante y los intereses y los privilegios de la burguesía y su Estado, y ello se demuestra día a día en las ruedas de prensa que los cargos elegidos por los ministerios que están al frente de la crisis por el COVID-19 se expresan, donde se está instrumentalizando un problema de salud pública para ajustar las cuentas de un nacionalismo – el español – contra otros nacionalismos de otras naciones que integran el Estado, como el catalán, o para hacer que el pueblo cambie su visión para con el Ejército y otras Fuerzas Represivas del Estado, a cuya cabeza se encuentra una Jefatura del Estado asolada por la corrupción, que es lo que predomina en el conjunto del Estado.

Nos encontramos ante una ofensiva de los monopolios contra los trabajadores a nivel mundial. La pandemia es la fórmula que la burguesía monopolista pretende aprovechar para ajustar el mercado de trabajo al desarrollo del avance tecnológico. De hecho la OIT ya cifra en 25 millones los trabajadores que perderán su empleo a nivel mundial. Los gobiernos de las potencias imperialistas están actuando todos siguiendo la táctica “del capitalismo contemporáneo”, del imperialismo, descrita por el líder de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, un reaccionario desenfrenado que decía que “solo una crisis – real o percibida – da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”. A los pueblos del mundo, al proletariado, únicamente le queda o la miseria y la muerte o la revolución proletaria y el socialismo, no hay término medio, no hay otro camino. En el Estado español PODEMOS e IU/PCE han demostrado ser tan reaccionarios y tan burgueses como la extrema derecha y ahí están las medidas adoptadas que, como hemos visto, sacrifican nuevamente a los trabajadores y benefician los sucios bolsillos de los monopolios, de la burguesía. Aquellos fariseos oportunistas que dicen que su razón de existir es la “unidad de los comunistas” pero que viven de la división del Movimiento Comunista Español deberían recordar ahora cuando demandaban un gobierno de PSOE y PODEMOS/IU como mal menor hace un par de meses; tan fariseos y oportunistas son ellos como aquéllos que se denominan Partidos Comunistas y dan coba a esas expresiones que no hacen otra cosa que hacer el juego sucio a los enemigos del proletariado.

El Partido Comunista Obrero Español (PCOE) reafirma su compromiso con el marxismo-leninismo y con el proletariado, a cuyos elementos más avanzados hacemos un llamamiento para que fortalezcan las filas de nuestro Partido, máxime en un momento como el actual donde los trabajadores nos jugamos todo. Nuestro Partido denuncia el enorme engaño y la enorme traición que se está perpetrando contra los trabajadores. Por ello, el PCOE no va a colaborar ni un instante con los represores del pueblo, que sería debilitar el camino y las filas de la Revolución y acrecentar el número de traidores y siervos de la reacción, sino que multiplicará su labor revolucionaria y militante para desentrañar todas las engañifas contra los trabajadores y organizarlos para que nuestra clase social rompa el yugo de la explotación y se emancipe construyendo el Socialismo.

El capitalismo es un obstáculo para el desarrollo de la humanidad. No sólo ha demostrado su inviabilidad, sino que acredita que únicamente se puede mantener a costa de liquidar al ser humano y a la naturaleza. El imperialismo sólo se puede sostener por la violencia y únicamente puede ofertar más miseria para las masas proletarias, para los campesinos, y más represión, más reacción, más fascismo, y en este escenario también se halla el Estado español. Hoy más que nunca, tanto en el mundo como en el Estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!

 

¡Fortalece el Partido Comunista Obrero Español!
¡Por el Frente Único del Pueblo!
¡Socialismo o barbarie!


Madrid, 20 de marzo de 2020

Comité Ejecutivo del Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.)
ccoougt
 
El coronavirus se ha convertido en la excusa perfecta para comenzar a aplicar todas aquellas medidas que la burguesía venía planeando aplicar en un futuro inmediato por las previsiones de la crisis económica que se auguraba.

Con el pánico generado entre el pueblo trabajador por el virus COVID-19, gracias a los medios de masas a sueldo de la burguesía, pretenden aplicar todas las medidas contra el pueblo trabajador que, sin la excusa del coronavirus, habrían sido tremendamente difíciles de implementar y habrían supuesto una conflictividad social que la burguesía quiere evitar a toda costa.

Es en este escenario donde el presidente del Gobierno ha salido ya a anunciar dos paquetes de medidas destinadas a transferir capitales desde lo público a lo privado (cerca de unos 14.400 millones de euros) y a agilizar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), desarrollando así una estrategia agresiva de reducción de derechos y condiciones laborales para la clase trabajadora.

CCOO y UGT han negociado estas rebajas de condiciones laborales, encubriendo este engaño con fraseología como “aumentar la flexibilización del mercado laboral”, con lo que no se pretende otra cosa que facilitar a los empresarios el despido masivo de trabajadores mediante Expedientes de Regulación de Empleo permanentes (EREs) o temporales (ERTEs).

Un plan que la patronal llevaba gestando desde hace meses, tras los primeros síntomas de crisis económica, una crisis de deuda global que va a afectar a España sin lugar a dudas. Así, la burguesía, dueña de los medios de producción, necesita para mantener sus beneficios económicos en un escenario de recesión ajustes consistentes en reducir las condiciones laborales, transferir capitales públicos a los privados, etc.

El sindicalismo amarillo y vendido de CCOO y UGT, gustoso le va a proporcionar a la patronal el respaldo, gracias a la insignia del Estado de “sindicatos mayoritarios” -pese a que la afiliación en este país no llega ni al 12%-, para que lleven a cabo todos sus atropellos contra la clase trabajadora como ya hicieron en la crisis de 2009.

No cabe la menor duda de que el Gobierno junto con la patronal y los sindicatos vendidos van a iniciar esta ofensiva para rebajar aún más los maltrechos derechos del pueblo trabajador. Y ante este escenario a nuestra clase no le queda más que organizarse, a marchas forzadas, en torno al sindicalismo de clase y combativo y parar los pies a la burguesía con toda la determinación en la lucha.

Apenas unos días ha necesitado la burguesía que, de forma organizada y escudándose en el ambiguo aspecto de “las causas de fuerza mayor”, se ha lanzado a hacer ERTEs en gran parte del tejido productivo del país: Nissan, Desigual, Globalia, Euromaster, Liwe Española, Adolfo Domínguez, IAG (Iberia, Vueling, BA y Aer Lingus), Air Nostrum, Burguer King, Ryan Air, Renault, Seat, Tendam (Cortefiel, Pedro del Hierro), Zena Alsea (Vips, Starbucks, Domino’s Pizza), Kostal Eléctrica, Magneti Marelli, etc.

Las secciones sindicales del sindicalismo de clase y combativo deben demostrar ahora su valor y fuerza en la lucha de los intereses de los trabajadores. No se puede caer en la trampa planteada por la burguesía en forma de interclasismo de “remar todos en la misma dirección para vencer al coronavirus”, hay que movilizarse contra cualquier ERE, ERTE o rebaja de derechos y movilizar a las plantillas contra cualquier ataque.

Durante todos estos años se ha enriquecido la patronal explotando al obrero con condiciones mucho más beneficiosas que en el pasado gracias a las rebajas de derechos firmadas por los sindicatos vendidos CCOO y UGT (reformas laborales, subrogaciones, creación de falsos autónomos, convenios colectivos con peores condiciones…). ¡No permitamos ni por un instante que se vuelva a repetir este engaño!

Secretaría de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)
Censura
 
En todos los países de la Unión Europea los Gobiernos han decidido confinar a los ciudadanos al objeto de combatir la pandemia del coronavirus. Coronavirus que, según podemos leer, y en contra lo que pretenden establecer como verdad oficial por parte de los medios de comunicación del bloque imperialista europeo-norteamericano, más que ser originario de Wuhan (China) pudo ser inoculado en China por el Ejército de los EEUU, si se atienden a las palabras del Portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian.

Lo que sí está claro es que, si en condiciones normales los comunistas somos reprimidos y censurados, incluso por aquellos que se denominan de ‘izquierdas’, desde la declaración del Estado de Alarma no sólo hemos recibido muchos más ataques, sino que incluso hemos sido censurados en diferentes redes sociales.

Nuestra página web pcoe.net lleva recibiendo durante meses ataques informáticos de fuerza bruta para intentar obtener las claves de la web y para tratar de dejar fuera de juego la misma.


En el día de hoy, 18 de marzo, el equipo de contenidos de Youtube nos hacía llegar un correo electrónico en el que nos avisaban de la eliminación de un vídeo del canal por, supuestamente, incumplir sus políticas sobre seguridad infantil, pero que es una acción de censura en toda regla.


El vídeo muestra imágenes de niños vietnamitas corriendo atemorizados después de que el criminal ejército de Estados Unidos lanzara bombas de napalm en Vietnam contra civiles.


Una imagen histórica que ha ilustrado cientos de noticias en todo tipo de medios desde entonces, y que de ninguna forma pretende sexualizar a niños como alega Youtube en sus motivos para eliminar el vídeo.


Asimismo, camaradas de nuestro Partido fueron bloqueados en la red social Facebook en el día de ayer, 17 de marzo, como se puede apreciar en la siguiente captura de pantalla:


Ciberataques contra nuestra web, la cual ha crecido en lectores de manera exponencial, y censura de los lugares web citados anteriormente gestionados por monopolios norteamericanos, vulnerando impunemente la libertad política e ideológica, es la manera que tienen de atacar los monopolios a un Partido y una ideología como la nuestra que, según los medios de manipulación de masas del sistema, está muerta. Si fuera así ¿Por qué tantos esfuerzos en atacar nuestra web y en censurarnos? Porque el Capital sabe perfectamente que el proletariado es el sepulturero del corrompido orden mundial capitalista, siempre y cuando éste vaya armado de su ideología marxista-leninista, para lo que es esencial el Partido.

Y mientras todo esto pasa, mientras las autoridades españolas y de otros países de Europa mantienen confinados a sus ciudadanos y dan dineros a manos llenas a los empresarios, se desarrolla la operación militar Defender Europe 20, una maniobra militar de la OTAN en la que participan 29.000 militares norteamericanos y 8.000 militares de distintos ejércitos de países europeos.

Sin duda estamos asistiendo a un golpe mundial por parte de los monopolios contra los pueblos, contra los trabajadores del mundo para sostener su caduco sistema económico. Sin duda, el coronavirus es la justificación perfecta que los imperialistas tienen para arremeter contra los trabajadores, para echar al paro a millones de trabajadores y para depauperar, todavía más, las condiciones de éstos y, así, tratar de salvaguardar su moribundo sistema, el cual estaba quebrado mucho antes de que el COVID-19 saltara a la palestra. Y quienes denunciamos esto y al propio sistema capitalista, tenemos que ser silenciados, censurados para que el relato que han montado los medios de manipulación no sea desmontado.

Y, nuevamente, como no puede ser de otra manera, la socialdemocracia se retrata con el fascismo al objeto de salvar a los monopolios y al imperialismo, apoyando las medidas aprobadas destinadas a terminar de saquear las arcas públicas para transferir toda la riqueza generada por la clase trabajadora a los capitalistas. Y es que el mundo hoy, al igual que hace más de un siglo, se encuentra ante la siguiente disyuntiva: ¡Socialismo o barbarie!

 

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)
Coronavirus
 
El pasado viernes 13 de marzo el Presidente del Gobierno español anunció la declaración del estado de alarma cuyas condiciones fueron concretadas en el Consejo de Ministros, celebrado en el día de ayer, condensado en el Real Decreto 463/2020.

La imagen que el Gobierno quiere dar con la declaración del estado de alarma es la de realizar un confinamiento de los ciudadanos, limitando la libertad de movimiento de las personas como forma de poner freno a la enorme capacidad contagiosa del coronavirus. Sin embargo, ese pretendido confinamiento se muestra falso cuando se lee, negro sobre blanco, el citado Decreto donde, a excepción de determinados sectores, los trabajadores deben acudir a sus centros de trabajo. Así pues, para el Gobierno, por encima de la salud pública está la explotación de los trabajadores.

Aunque puedan parecer descabelladas estas condiciones que determinan el estado de alarma efectuado por el Gobierno, no lo son en absoluto, sino que expresan el interés de clase del Estado, su naturaleza, que no es otra que la de defender los intereses de la burguesía, de los monopolios.

Aunque en sucesivos Consejos de Ministros el Gobierno adoptará medidas conducentes a dar dinero a los empresarios, eximirles de pagar impuestos y facilitar todavía más las reestructuraciones de plantillas, esta declaración del Estado de alarma pone sobre el tapete no sólo el desprecio que el Estado siente por los obreros, a los que en el práctica niega el confinamiento condenándolos al contagio, sino que también pone encima de la mesa las contradicciones irresolubles del capitalismo monopolista de Estado.

El Real Decreto suscrito por el Gobierno unido al marco jurídico del Estado, que contiene la voluntad de la burguesía en forma de leyes, ha determinado la estrategia para que los empresarios traten de salir airosos de esta pandemia. La fórmula es bien sencilla, por un lado despidos masivos lanzando a centenares de miles de trabajadores a la calle por la vía del ERE o suspendiendo temporalmente los contratos de otros tantos miles de trabajadores por la vía del ERTE – que contarán ambos con el apoyo y la firma traidora de CCOO y UGT –, por el otro aliviar temporalmente a los empresarios por la vía de empujar a enfermar a los trabajadores para que, durante el tiempo de baja, sea el Estado el que sostenga económicamente a esos trabajadores, lo que expone la contradicción de querer mostrar el confinamiento de la población cuando en realidad se le obliga a romperlo para acudir al centro de trabajo. Como siempre, gana el burgués y pierde el obrero.

Pero este Real Decreto es la constatación de las contradicciones del capitalismo. Y es que, por un lado, el Gobierno apela al conjunto de la sociedad como sujeto necesario para superar la pandemia, en detrimento de lo que siempre hace, que no es otra cosa que el ensalzamiento del individualismo. Por otro lado, la declaración de estado de alarma contempla las requisas de todo tipo de bienes y la intervención y ocupación de industrias, fábricas, talleres, explotaciones, locales de cualquier naturaleza, etcétera. Es decir, la necesidad de este estado de alarma no es más que el reconocimiento de la superioridad de la socialización, la necesidad de la socialización para solventar los problemas de magnitud, reconociendo implícitamente que lo único efectivo que hay es la socialización de los bienes materiales y los medios de producción y, por tanto, también reconociendo la incapacidad del capitalismo.

Y a la par que se desarrolla el estado de alarma, la descomposición del Estado continúa haciéndose ostensible. Que el Gobierno haya asumido el pleno control, el pleno poder incluso en materias transferidas a las comunidades autónomas como las policías autonómicas – por ejemplo Mossos d’Esquadra o Ertzaintza – o la sanidad, ha hecho que sigan ensanchándose las diferencias y el enfrentamiento entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno. Además, y aprovechando la situación de estremecimiento y conmoción colectiva creada por los medios capitalistas, pretenden ocultar lo inocultable, que es la enorme corrupción del Estado, empezando por su cabeza, por la Jefatura del Estado.

Con un sistema sanitario diezmado por las políticas capitalistas de privatización y de recortes sociales, y a pesar de esta medida, el sistema colapsará a principios de la semana que viene, según señalan los expertos en la materia. Quiere decir que nos encontraremos en una situación como la que se está dando en Italia, donde los médicos determinan en virtud de determinados factores, entre ellos la edad, quién sobrevive y quién no.

Nuevamente el Estado y su Gobierno falsamente denominado de ‘izquierda’ muestran su faz clasista y criminal. Nuevamente el Estado capitalista se muestra como un instrumento al servicio de la burguesía, para servirla y para someter al pueblo a los intereses de los monopolios. Un estado de alarma que sirve para apuntillar a determinados sectores, para apuntillar a la pequeña burguesía mientras se fortalecen a los monopolios y, por supuesto, para robar y explotar más a los trabajadores, a los que no sólo expulsan del mundo del trabajo sino que les recortan libertades.

El capitalismo es un sistema caduco que agoniza, una agonía criminal que niega el futuro y el desarrollo de la humanidad. No sólo ha demostrado su inviabilidad, sino que acredita que únicamente se puede mantener a costa de liquidar al ser humano y a la naturaleza. El imperialismo sólo se puede sostener por la violencia y únicamente puede ofertar más miseria para las masas proletarias, para los campesinos, y más represión, más reacción, más fascismo, y en este escenario también se halla el Estado español. Hoy más que nunca, tanto en el mundo como en el Estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!

 

¡Fortalece el Partido Comunista Obrero Español!
¡Por el Frente Único del Pueblo!
¡Socialismo o barbarie!


Madrid, 17 de marzo de 2020

Comité Ejecutivo del Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.)
Borbones
 
A pocos se nos ha pasado por alto la ‘tremenda casualidad’ de que los sucios negocios de nuestra monarquía se hayan hecho públicos en nuestro país justo EL PRIMER día en el que nuestros gobernantes hayan decretado el Estado de Alarma, justo cuando nos imponen el confinamiento en nuestros domicilios, cuando las protestas, manifestaciones y reuniones están prohibidas, cuando le han otorgado a las fuerzas opresoras, incluido el ejército, el mayor poder de todo el periodo democrático burgués parido desde las cortes franquistas.

Y señalamos claramente que ha sido el primer día porque esto les da, casualmente, el tiempo necesario para que el pueblo, completamente desarmado de su derecho de protesta y manifestación, asimile como irremediable estos desmanes y se resigne ante la gran avalancha de despidos, ERES, ERTES y demás que se están llevando a cabo contra los trabajadores. Sin que en los grandes e importantes paquetes de medidas para proteger a los más ‘necesitados’ que nos vende el gobierno haya una, tan siquiera una, que obligue a las empresas a mantener los puestos de trabajo bajo amenaza de intervenirlas. Sin embargo, en el decreto del Estado de Alarma sí se habla de “Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza” en pos de la salud pública.

Ahora nos informan de que el actual rey renuncia a su herencia, ¿a qué herencia? Si es lo que es y tiene lo que tiene por la abdicación forzosa de su padre ante la previsión de lo que se les avecinaba por sus sucios negocios, dejando así todo atado y bien atado de nuevo. ¿A qué renuncia, a coger tajada del dinero conseguido por su padre de manera ilícita y escondido en un paraíso fiscal? ¿Y qué medida toma? Retirar a su padre la asignación oficial, como si eso le fuese a devolver la honorabilidad a cualquiera de los dos. Piensan que somos tontos. Con los 100 millones que tiene escondido, y lo que no se sabe, él y toda su estirpe vivirán a costa nuestra el resto de sus vidas, como vividores y parásitos que son, si no lo impedimos.

Somos muchos los trabajadores que aun a pesar de echar largas jornadas de trabajo malvivimos; somos muchos los trabajadores que servimos a este país trabajando por un mísero sueldo pero sin derechos. Porque para un trabajador oprimido antes está el pan de sus hijos que sus propios derechos. Somos muchos los que nos hemos dejado la vida trabajando para levantar este país y ahora nos vemos con pensiones de miseria y temiendo por ellas, y seremos muchísimos los que de esta ‘CASUAL’ pandemia salgamos con una mano detrás y otra delante para que nos puedan explotar a su antojo a niveles cada vez más insoportables.

Pues somos nosotros la clase obrera, solo nosotros, los que sacamos este país adelante, los que producimos con nuestro trabajo las riquezas que después otros, sin haber trabajado en su vida, vienen a robarnos.

Ahora es más importante que nunca que tengamos claridad de ideas, pues nos quieren desunidos, callados y desorganizados para saquearnos con más facilidad. En nuestras manos está el no permitírselo.

 

Construyamos el Frente Único del Pueblo para luchar por lo que es nuestro

PCOE de Cádiz
Crisis
 
Todos los medios de comunicación, mejor dicho de manipulación, de masas del Capital en las diferentes potencias imperialistas no dudan en sembrar un clima de terror, de pánico, entre los pueblos con respecto de la enfermedad COVID-19, más conocida como coronavirus.

Si bien de este virus se empezó a hablar en China en el mes de diciembre de 2019, cuando los medios iniciaron su campaña de atemorizar a sus ciudadanos, debemos fijarla en torno al 25 de enero del presente año, ubicando el epicentro de dicha enfermedad en Wuhan, una ciudad industrial de la parte central de China.

Los capitalistas, lejos de ver el coronavirus como una de las muchas enfermedades que a lo largo de la historia ha tenido que combatir el ser humano, han visto en este momento una oportunidad para, por un lado, justificar la bancarrota de su sistema económico a nivel planetario, del imperialismo y, por el otro, aplicando la manipulación social a través de los medios de masas generando el miedo entre los ciudadanos de los distintos países, una fórmula para recortar derechos y libertades a los pueblos, a los trabajadores, y adaptar la base económica a la realidad a la que nos está llevando la descomposición del capitalismo monopolista unida al desarrollo tecnológico a favor de los monopolios, y de paso inyectar liquidez a las empresas, a los bancos, y hacer una nueva redistribución de la riqueza decantándola, todavía más, a favor de los grandes monopolios y banqueros.

Un mensaje que los medios del capital se encargan de reiterar es el de la caída de la economía mundial y nacional, culpabilizando de ello al coronavirus. Sin embargo, este mensaje es totalmente falso, como lo acredita la situación económica mundial existente en el mundo antes de que se oyera hablar del coronavirus. Un informe del banco de inversiones suizo UBS de finales de septiembre, señalaba que el 55% de las empresas que controlan las inversiones de las familias multimillonarias a nivel mundial, con un capital promedio de 1.300 millones de dólares, consideraba que habría una crisis económica global en el año 2020. De hecho, de los ricachones encuestados por UBS, el 45% admitieron que ya habían comenzado a tomar posiciones más conservadoras con sus inversiones, apostando por bonos y propiedades inmobiliarias en lugar de acciones. Es decir, los grandes monopolios ya advertían que habría una crisis económica en 2020 y tomaban posiciones ante ello, mucho antes de que nadie hubiera oído hablar del coronavirus. Asimismo, un 42% de los capitalistas encuestados están incrementando sus reservas de capital ante el temor de las consecuencias de la guerra comercial entre EEUU y China y del Brexit.

Es decir, los capitalistas reconocían que cada vez retraían más su capital sobre la actividad productiva salvaguardándolo en actividad especulativa, en putrefacción. Ello se corroboraba atendiendo a los índices de producción industrial manifestados en los meses de octubre y noviembre, los cuales a lo largo de 2019 señalaban que se habían retraído en la mayoría de las potencias imperialistas.

Las políticas monetarias llevadas a cabo durante estos años, tanto por el BCE como por la FED, al objeto de salvar a los bancos, salvar a las corporaciones financieras y salvar a Estados quebrados, han llevado a la inyección masiva de liquidez – darle al botón de la máquina de hacer dinero ficticio – generando tipos de interés bajos, negativos incluso, de tal modo que han alimentado el capitalismo putrefacto, financiero. Lo han alimentado de tal manera que, con el exceso de liquidez provocaron la depreciación progresiva de los productos financieros, de tal manera que los han estado ahogando en su propia salsa de la liquidez, el capitalismo financiero putrefacto. El imperialismo apostó la salida de la crisis de 2008 al endeudamiento, de tal modo que el mundo cada día está más endeudado y, lejos de estimular el crecimiento por la vía de la producción y de la inflación, ambas se contraen e, incluso, muchos analistas llevan años anunciando escenarios futuros deflacionarios. Siendo esto último un efecto contrario a lo que pretende conseguirse con estas políticas monetarias realizadas. Un ejemplo de esto último, los monopolios persiguen el endeudamiento antes que, incluso, las operaciones al contado ¿por qué? Porque prevén escenarios deflacionarios, de tal modo que en el caso de endeudamiento a futuro el margen de beneficio sería menor para ellos ya que el valor de endeudamiento de hoy se prevé superior al valor de endeudamiento en el futuro. Sin embargo, esta realidad traerá otra consecuencia: el incremento de los impagos de deuda.

Antes de que nadie hubiera hablado sobre el coronavirus, la realidad nos mostraba de manera inapelable que el actual proceso de crisis del capitalismo, a nivel mundial, es por su duración y magnitud, el tercero más importante. La más extensa fue la que aconteció entre 1870 y 1890 que desembocó en la Primera Guerra Mundial y en la Gloriosa Revolución de Octubre; la segunda crisis más extensa se produjo tras el Crack del 1929 culminando con la Segunda Guerra Mundial que ensanchó las filas del comunismo.

Una característica de estos periodos de crisis es el proteccionismo y sus consecuentes guerras de carácter económico en términos arancelarios, que como hemos visto, tenía su expresión en la guerra comercial entre EEUU y China. El proteccionismo, el fascismo y la guerra imperialista van, todos ellos, cogidos de la mano.

Podríamos seguir hablando del incremento de la deuda impagable norteamericana, donde su curva de rendimientos nos llegó a mostrar que en el caso de los bonos de deuda norteamericana con vencimiento a dos años, su rédito para los usureros era mayor que el bono de deuda a 10 años, evidenciándose una duda de estos usureros respecto del retorno de la deuda a dos años norteamericana. Podríamos hablar del estancamiento de la producción a nivel mundial, y también en los países emergentes. En definitiva, podríamos hablar de la crisis general del capitalismo, de la agonía que el imperialismo vive a nivel mundial, situación que existía mucho antes de que el coronavirus saliera a la palestra.

Sin embargo, este coronavirus es el chivo expiatorio que los imperialistas van a emplear para excusar a su sistema económico, el cual ha demostrado durante décadas su inviabilidad y su nocividad superlativa para el género humano y para la vida en el planeta.

Pero no sólo va a servir el coronavirus como excusa, también los capitalistas lo van a usar como justificación para adaptar la base económica al grado de putrefacción máxima al que nos conduce el imperialismo, para reestructurar las plantillas, para dar el tiro de gracia a determinados sectores de la producción y, también, para moldear la superestructura de manera acorde a los cambios operados en la base, esto es, recortando derechos y libertades al proletariado, a las clases populares, y profundizando en la reacción, en el fascismo, que es lo único que hoy ya el capitalismo puede ofertar.

En el Estado español, el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado medidas para responder a la crisis desencadenada por dicho virus que se reducen a dos grandes bloques: Por un lado restringir la libertad de movimientos de la población – cerrando museos, centros educativos, suspendiendo viajes, oposiciones, etcétera – y, por otro, acometiendo una serie de medidas económicas orientadas, fundamentalmente, a satisfacer los intereses económicos de los empresarios, al objeto de garantizarles la liquidez por la vía del crédito, de forma que, gestionado por la banca, el Estado avalará la deuda contraída por los empresarios a través de la utilización de dichos créditos y, también, aliviar todavía más la ya de por sí aliviada carga fiscal que soportan los empresarios.

Y en la dirección de servir a los empresarios no podían faltar los traidores sindicatos CCOO y UGT, los cuales entre el catálogo de propuestas que han extendido a la Patronal para luchar contra el coronavirus incluyen la agilización de los Expedientes de Regulación de Empleo, EREs y ERTEs. Y es que el coronavirus va a permitir a los empresarios ajustar sus plantillas, algo que tenían pensado hacer antes de que el coronavirus saltara a la palestra mediática, y para CCOO y UGT es una oportunidad que se les abre para seguir con lo que llevan haciendo en los últimos 40 años: sacar tajada firmando todo lo que les pongan por delante la Patronal, incluyendo los puestos de trabajo. Y es, bajo estas condiciones, como el oportunista gobierno encara una nueva reforma laboral.

Según el Ministerio de Sanidad, la crisis del coronavirus durará entre dos y cuatro meses, quiere decir que en ese tiempo el Gobierno adoptará las medidas políticas que necesita el capitalismo monopolista de Estado para satisfacer los intereses de la burguesía, que serán medidas orientadas a redistribuir la riqueza de manera aún más desigual a favor de la burguesía, establecer un marco normativo en materia laboral que sirva a los intereses de la patronal, reducción de impuestos para los más ricos y, como no, un recorte de libertades para el pueblo.

Pero esto no es nuevo, el terrorismo yihadista – que recibía el apoyo de EEUU – sirvió para recortar las libertades y explotar el debate sobre la dualidad de perder libertad para ganar seguridad al objeto de justificar los recortes de libertades y, también, las guerras imperialistas. La burguesía ahora utilizará un supuesto problema de salud pública para arremeter contra el pueblo.

En el mundo hay una población de 7.625 millones de seres humanos. En todo este tiempo se han producido algo más de 140.000 casos de coronavirus en 120 países, lo que significa que este virus ha afectado al 0,0018% de la población mundial. Según los casos de coronavirus confirmados y el número de muertes por dicho microorganismo, el coronavirus presenta una mortalidad del 3,32%, es decir, que hay datadas 4.647 muertes. La gripe común, según la OMS, provoca 650.000 muertes cada año. El sarampión mató a más de 110.000 personas en 2018 según la OMS. Sin duda, los números no justifican el clima de histeria colectiva y de pánico que los medios del capital están sembrando en los pueblos, en el mundo.

Los imperialistas, que sobre todo durante el año 2019 han escrito ríos de tinta sobre el colapso económico mundial de 2020, han pergeñado su táctica para seguir sometiendo a los trabajadores, para salvaguardar su moribundo sistema económico, y el asunto del coronavirus, sin duda, atiende a dicha estrategia. Y es que los capitalistas bien saben que el momento de los pinchazos de las burbujas creadas – de deuda, inmobiliaria, financiera, …- llegó y saben que sólo pueden mantenerse sometiendo a los trabajadores, reprimiéndolos y explotándolos hasta la extenuación y haciendo lo único que saben hacer: saquear a sangre y fuego.

Ya el coronavirus les ha dado frutos a los monopolios: pueblos atemorizados, conflictos abiertos han sido soterrados, y los monopolios se enriquecen más como consecuencia de la especulación.

El capitalismo es un obstáculo para el desarrollo de la humanidad. No sólo ha demostrado su inviabilidad, sino que acredita que únicamente se puede mantener a costa de liquidar al ser humano y a la naturaleza. El imperialismo sólo se puede sostener por la violencia y únicamente puede ofertar más miseria para las masas proletarias, para los campesinos, y más represión, más reacción, más fascismo, y en este escenario también se halla el Estado español. Hoy más que nunca, tanto en el mundo como en el Estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!

 

¡Fortalece el Partido Comunista Obrero Español!
¡Por el Frente Único del Pueblo!
¡Socialismo o barbarie!


Madrid, 12 de marzo de 2020

Comité Ejecutivo del Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.)
Fascismo
 
Hoy, la mañana del 9M de marzo de 2020, se ha presenciado una nueva violación de los derechos de los obreros. En la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, en el Campus de La Merced y con motivo de la Huelga del 8 y 9 de marzo convocada en la región, se estaba realizando un piquete informativo previo a la concentración convocada para las 10:00h. Este piquete se realizó por parte de un grupo de 30 personas, en su amplia mayoría estudiantes, con el objetivo de hacer valer las reivindicaciones de la mujer obrera y visibilizar la huelga entre los estudiantes de la facultad. Este piquete se estuvo realizando sin incidentes y de forma pacífica pues consistió en la obstrucción de tres de las entradas al campus mientras el resto quedaron abiertas para que se pudiese acceder y salir de la facultad.

No fue hasta la intervención violenta e injustificada de un guardia de la seguridad del campus que empezaron los problemas. Este individuo agredió de manera completamente arbitraria a una de las participantes en el piquete. Ante esta acción el resto de los participantes separaron a la mujer del miembro del guardia. Esta acción solo fue el desencadenante de lo que se avecinaba pues a los pocos minutos se personó a las puertas de la facultad un dispositivo del Cuerpo Nacional de Policía. Este dispositivo no dudó ni un instante, desde el primer momento se mostraron violentos y desafiantes ante las participantes del piquete. No transcurrieron más que unos escasos minutos hasta que se realizó una carga contra los pacíficos participantes del piquete. Los agentes no dudaron a la hora de agredir a los participantes haciendo uso de golpes, agarrones y porras, todo esto dentro del propio recinto universitario. Se vivió algo que algunos podrían pensar que pertenece al pasado franquista, pero que cada día se demuestra más que forma parte del presente, mostrando que nunca existió una ruptura con el Franquismo; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atravesaron las puertas de la universidad para reprimir y atacar a la clase trabajadora.

Tras esto las FFCCSE procedieron a retener e identificar a todos y cada uno de los participantes presentes mientras el guardia de seguridad vertía falsas acusaciones de agresión y mentiras sobre todo lo ocurrido. No podemos ignorar que este mismo Guardia de Seguridad fue cómplice de las agresiones el pasado miércoles 4 dentro del también edificio universitario Rector Sabater durante la charla sobre “ideología de género” que impartió el diputado nacional de VOX y profesor de la universidad Joaquín Robles.

Dentro de la Universidad de Murcia se estaba viviendo un vivo reflejo de la situación del Estado. Las Fuerzas de Seguridad del Estado actuaban como obedientes sirvientes de las instituciones del Estado y del fascismo que infecta todos y cada uno de los niveles de la maquinaria estatal.

Es de obligación señalar a la UM y en general a la universidad pública. La universidad pública da su verdadera cara como plataforma del discurso de la clase dominante. La charla machista y reaccionaria del pasado miércoles 4 de marzo, la inclusión del Grupo Orenes como patrocinador de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, todas las trabas puestas a la realización de la huelga y ahora, una vez realizada, la represión a las estudiantes que ejercen su derecho a la huelga. Estos son solos los ejemplos más recientes de como la Universidad de Murcia trabaja activamente para servir a los intereses de la burguesía.

La Universidad, al igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es una herramienta más del Estado, máximo ejecutor de la opresión a la clase trabajadora. Hasta que el Estado no pase a estar en manos de los trabajadores no se podrá revertir el papel que juegan las fuerzas policiales y la educación en el sistema capitalista.

Frente a la incesante violencia que sufren los obreros de todo el Estado solo nos queda una salida. La única manera de hacer frente a las embestidas de la burguesía es la organización, toda la clase trabajadora debe unirse, debemos construir el contrapoder obrero y popular para emanciparnos del sistema capitalista y destruir para siempre los yugos de la opresión. Debemos formar el Frente Único del Pueblo para unir todas las luchas contra la dictadura del capital.

Por ello desde el Partido Comunista Obrero Español nos solidarizamos con los estudiantes, trabajadores y en general con todos y cada uno de los afectados por la represión por parte del Estado español, las fuerzas del Estado y la Universidad de Murcia que una vez más sirve de herramienta para la burguesía, la reacción y el fascismo.

ANTE SUS ATAQUES, LA UNIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA, NI UN PASO ATRÁS

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Murcia
Colau
 
La trajectòria com alcaldessa d’Ada Colau va començar el 2015 amb una campanya que proposava la restricció dels hotels de cinc estrelles a la ciutat de Barcelona per intentar frenar el turisme massiu. Dues setmanes després de la seva elecció, ja no se sabia res sobre aquest projecte, el plat fort de la seva campanya.

Paral·lelament, a Plaça Catalunya, els treballadors tècnics de Movistar havien ocupat la tenda de Movistar Centre. Es tractava d’una vaga indefinida que havien portat a terme els falsos autònoms subcontractats per la companyia per mantenir la seva xarxa. Després de la traïció dels sindicats verticals CCOO i UGT que havien decidit acabar amb la vaga, els treballadors, insatisfets, van decidir continuar amb l’aturada i ocupar aquesta seu del centre de la ciutat.

Partits, col·lectius i sindicats no van tardar en acudir i donar suport a la causa. Per una banda, hi havia entitats que oferien de forma honesta la seva ajuda i intentaven elevar qualitativament la lluita. El Partit Comunista Obrer de Catalunya va col·laborar recollint aliments i recursos per poder mantenir la vaga i va organitzar una xerrada al barri del Clot amb un dels treballadors en vaga, membre del sindicat Co.Bas. El Partit sempre va defensar la postura de que qualsevol conflicte laboral o es soluciona amb molles o es construeix unitat obrera, de forma organitzada i solidaria entre els treballadors de diferents empreses i dels diferents sectors per aconseguir una victòria real. Una sola classe, una sola lluita de classe contra el capitalisme i el seu estat.

De totes formes, també van acudir com aus carronyeres, els oportunistes de sempre que ara portaven noves sigles: Barcelona en Comú, el partit polític de la que havia sigut la principal portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Ada Colau. Segons ells mateixos, havien arribat per fer un canvi profund i estructural a la ciutat.

El número dos de la formació, Gerardo Pisarello, una vegada havien guanyat les eleccions, va anunciar la seva intenció de renovar el contracte amb Telefònica durant sis mesos enlloc d’un any com es preveia la reprimenda. A més a més, va dir que volia parlar amb els directius de la companyia perquè respectessin les condicions dels empleats i subcontractats. Quin canvi més profund i estructural dels oportunistes! Demanar-li als explotadors que compleixin amb la seva part. Tant bon punt Barcelona en Comú va accedir al govern municipal, la vaga i la ocupació van finalitzar amb l’esperança depositada en el nou ajuntament. Els falsos autònoms de Movistar van descobrir aviat que la tàctica dels oportunistes, com Colau i Pisarello, no era més que la perpetuació de l’engany que els sindicats del capital – CCOO i UGT – havien portat a terme poc abans en contra dels interessos dels treballadors, però en aquest cas en l’àmbit de la política.

D’aquesta manera, la realitat ens va acabar donant la raó als comunistes que des d’un inici defensàvem la unitat de tota la classe obrera com un únic bloc i que les vagues sense aquesta unitat només podien acabar amb molles, en el millor dels casos.

I és que la figura de l’Ada Colau no és la d’una entabanadora a la que poc a poc se li cau la màscara, sinó que és la d’una oportunista que des del primer moment va mostrar el seu veritable rostre. La seva trajectòria com alcaldessa està tacada des d’un inici.

Des de que va arribar a ala alcaldia, què ha fet la Colau? Quines victòries ha aconseguit per la classe treballadora? Fa un any, la publicació Metrópoli Abierta, notificava que fonts de Barcelona en Comú asseguraven que havien arribat a complir el 80% del seu programa electoral. Declaraven: “Hem donat un impuls a les mesures contra els desnonaments, arribant a parar en aquesta legislatura més de 6.000 desallotjaments!” “s’han habilitat oficines d’informació energètica, s’han multiplicat les beques de menjador, s’han intensificat les ajudes a lloguers i s’han posat en marxa mesures de canvi estructural que canvien les regles del joc a Barcelona”. És cert això? Repassem alguns dels fets que han marcat la trajectòria del govern.

Pocs mesos després de les eleccions de 2015, en les que va guanyar Barcelona en Comú, a gener del 2016 va tenir lloc una vaga dels treballadors del Transport Metropolità de Barcelona (TMB) que reclamaven, segons el sindicat de la CGT, “la remunicipalització, la denuncia dels sous abusius dels directius i l’avenç d’un model privatitzat”. Es van escollir aquestes dates perquè coincidien amb el Mobile World Congress, congrés que la Colau també va prometre impedir que es seguís celebrant a la ciutat durant la campanya electoral i que, a l’hora de la veritat, va seguir amb tota normalitat. Les negociacions de TMB amb el consistori van fracassar i Ada Colau va arribar a calificar la vaga de “desproporcionada” al·legant que ells – l’ajuntament – havien fet “el màxim”. Per justificar aquest acusament, el seu responsable de mobilitat va remarcar que el sou anual brut de la plantilla era, com a mínim de 29.000 euros (33.000 de mitja) i que el 90% de la plantilla tenia un contracte indefinit. Els sindicats van negar aquestes xifres i, en definitiva, aquestes justificacions del nou consistori van tornar a mostrar la llarga distància que els separaven dels interessos de la classe obrera. Poc després es van fer virals unes imatges en les que els treballadors de TMB increpaven a l’alcaldessa i que reflectien bé que l’Ada Colau és, simplement una política més que perpetua els interessos de la burgesia enfront de les proclames dels explotats.

I no únicament els perpetua de forma abstracte, sinó que ho fa forma oberta, amb projectes que es remunten als seus predecessors, als que se suposa que havien de deixar enrere. Per una banda com hem vist amb els treballadors de TMB o amb turisme i els hotels de cinc estrelles. Però els casos no s’acaben aquí. La publicació a Kaos en la Red, informava en nu article recent que el 1997 va començar un procés de privatització dels Serveis Funeraris de Barcelona, amb el PSC, Iniciativa i ERC. El Procés ha culminat en una privatització definitiva acabada el 2020. Eloi Badia, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica i president de Cementiris de Barcelona es justificava dient que “l’Ajuntament no vol participar d’un negoci”.

En canvi, els treballadors d’aquests serveis defensen la municipalització, i “es pregunten com amb aquesta venta es controlaran millor els preus, com es garantiran els llocs de treball, com es garantirà l’accés en casos de famílies amb precarietat econòmica, etc.” Els tanatoris de Les Corts, Collserola i Sant Gervasi son de propietat municipal amb concessió de gestió privada (igual que TMB). De totes maneres, amb aquesta privatització, l’Ajuntament es desentendrà de manteniment dels tanatoris. I és que, des del principi, sembla que la Colau segueix apostant per la privatització i no per la municipalització dels serveis, actuant de la manera oposada a la que deia durant la campanya electoral.

El 2018, l’ajuntament va intentar impulsar una multiconsulta que pretenia preguntar als ciutadans de Barcelona si volíem tornar a municipalitzar la gestió del servei de l’aigua, entre d’altres serveis. Semblava una mena de “còpia” del referèndum d’autodeterminació, però encarat a qüestions socials. El més normal seria esperar que un ajuntament que es situa tan a prop dels problemes de les classes populars i per la municipalització – encara que ara mateix ja no ho son obertament- no necessita una consulta per municipalitzar un recurs bàsic com l’aigua. Aquesta proposta no va sortir endavant amb els vots contraris, d’entre d’altres forces, de la CUP.

L’octubre del mateix any es va tornar a impulsar una multiconsulta per la remunicipalització de l’aigua en la que, a més, se’ns volia preguntar als ciutadans si volíem canviar el nom de la Plaça Antonio López, que era un traficant d’esclaus espanyol. Gràcies a la pressió de diferents col·lectius, entre l’Espai del Migrant del Raval, es va aconseguir treure l’estàtua commemorativa que estava al mig de la plaça. De totes maneres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va frenar la multiconsulta i, per tant, ni s’ha remunicipalitzat l’aigua ni s’ha canviat el nom de la plaça.

El Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona va donar suport obertament la candidatura de l’Ada Colau el 2015, ja que creien i confiaven que la sensibilitat del nou consistori podria ajudar a acabar amb la brutalitat policial i la persecució en contra dels manters. Res més lluny de la realitat, les detencions i persecucions van continuar i l’acusament policial no va para ni un sol dia. Colau va negociar amb la Guàrdia Urbana per intentar aconseguir que paressin aquestes pràctiques almenys un dia a la setmana perquè els venedors ambulants poguessin fer la seva feina a les Rambles. Van aconseguir unes poques hores a la setmana, que a més, just quan acabaven començaven de nou les detencions. Colau, va dir al arribar a l’ajuntament que s’havia trobat amb una policia que no podia controlar i que actuaven de forma autònoma sense respondre als òrgans institucionals.

Així doncs, en general, Barcelona en Comú es justifica quan no pot solucionar algun tipus de qüestió social al·legant que es troba amb barreres que no pot travessar, com la se la Guàrdia Urbana en el cas dels manters, o com el Tribunal Superior de Catalunya en el cas de la seva idealista multiconsulta pels drets bàsics. D’alguna forma donen a entendre que si fos per ells, farien més, però que és el propi sistema que els hi ho impedeix. Arribats a aquest punt, llavors ens hauríem de preguntar: Per què Ada Colau es presenta a les eleccions? Quan va anunciar que deixava de ser portaveu de la PAH, no era difícil sospitar que volia abordar la política institucional i, més concretament, l’alcaldia de Barcelona. Ben aviat va començar la seva campanya electoral i va dir obertament que es presentava com a candidata perquè volia ser l’alcaldessa de les persones amb situacions més vulnerables. Però si després no pot resoldre aquestes situacions del vulnerabilitat, quina és la seva excusa? Dit de forma senzilla: si es presentava perquè podia ser més útil a les institucions que a l’activisme social, però un cop a les institucions no pot fer res, per què no torna a l’activisme social on serà més útil? Sobre dir que els seus interessos de “alcaldessa de la PAH” eren uns altres des d’un inici.

Respecte als desnonaments, és cert que l’any passat es va parar 2.560, encara que va ser gràcies, sobre tot, a la pressió que s’exerceix des del carrer per part de les organitzacions veïnals. Des de que la Colau és alcaldessa, la PAH segueix atenent a persones en risc de ser desnonades. L’any passat es van dictar 4.770 llançaments, (els 2.560 parats representarien un 53%). A més a més, en casi tots els barris de la ciutat han sorgit Grups d’Habitatge i Sindicats de Llogaters, més centrats ens els casos de lloguers que en d’hipotèques. És a dir, el paradigma no ha canviat en absolut i les xifres de llançaments parats queden molt lluny del “6.000 desallotjaments” que afirmen haver aturat des de l’ajuntament els membre de Barcelona en Comú entrevistat de Metropoli Abierta com es deia a uns paràgrafs anteriors. A més, se li suma l’ambigüitat quan s’utilitza el terme “desallotjament”, que no és sinònim de “desnonament”. En el primer cas, s’utilitza quan s’expulsa a persones que resideixen a un espai, ocupant-lo de forma il·legal. En el segon cas s’utilitza quan les persones han accedit de forma legal. Ves a saber, llavors, de quins 6.000 casos es referien.

Barcelona es troba lluny de ser la ciutat sense desnonaments de la que presumeixen. El passar dimarts 3 de març, un dispositiu policial entrava al barri de Poble Sec per desallotjar el bloc Llavors, propietat del fons voltor Vauras Investiment, en el que vivien sis famílies que ja havien sigut desnonades de les seves anteriors cases. El desallotjament es va portar a terme amb violència. Segons les persones afectades: “han rebentat la porta, i quan han entrat, els he dit que volíem sortir per nosaltres mateixos, deixeu-nos treure els carros. I ens han dit: ‘d’una hòstia et trauré, filla de puta’ i ens han empentat.”

Què ha dit l’Ajuntament al respecte? Enviar un grup de tècniques de la unitat antidesnonaments que no han pogut, ni tan sols, arribar a la casa i multar el fons voltor amb 90.000 euros per cada una dels habitatges. On aniran a parar aquests diners? De què li serveix a les família que ara es troben al carrer? Quina lliçó suposa pel fons voltor que té una facturació de més de 2.500.000 euros (segons el diari Expansión)? De nou, no trobem ni un canvi estructural ni un canvi de les regles del joc.

Qui va estar intentant evitar el despropòsit de la Generalitat que va enviar els seus matons a treure les famílies al carrer? Membres dels Sindicats d’Habitatge de tots els barris de la ciutat, arriscant la seva integritat física davant la violència de la policia.

Un altre cas conegut va ser el d’en Cinto, al barri del Clot, un home de 92 anys amb un 75% de discapacitat que va estar a punt de ser desnonat. Al contrari que en el cas del Bloc Llavors, el desnonament es va aconseguir parar, però gràcies al titànic treball que va portar de terme l’Observatori d’Habitatge i Turisme del Clot-Camp de l’Arpa, difonent per mitjans de comunicació i xarxes socials el cas i mobilitzant col·lectius. El Partit Comunista Obrer de Catalunya, sempre ha estat present en aquestes accions, col·labora obertament amb les organitzacions i s’ha posat del costat de la unitat d’acció popular igual que ho va estar de la unitat sindical en el cas de Movistar el 2015. Mentrestant, els oportunistes de l’ajuntament segueixen rentant-se la cara, multant amb milers d’euros a empreses multimilionàries o dient que fan tot el possible i que no els permeten fer més.

De veritat que han complert amb el 80% del seu programa? És molt possible, de totes formes, quin vergonya de programa han tingut des d’un inici.

Així doncs, queda demostrada, o només la hipocresia de l’Ada Colau i Barcelona en Comú, sinó que també des d’un inici va mostra com d’oportunistes eren.

En realitat, a ningú li hauria de sorprendre que la “alcaldessa de la PAH” es sostingui al poder en el seu segon mandat gràcies al vot de Manuel Valls, aquest vot surt de la por a l’independentisme que suposa la victorià de ERC en les últimes eleccions del 2019. Però és que la primera victòria de Colau va néixer de la mateixa por fa quatre anys. En la seva primera victòria electoral, l’alcaldessa ja s’aguantava en gran mesura pel vot anti-independentista, donat que molts dels que la van votar ho van fer ja que era l’única possibilitat que existia de treure la alcaldia al mabre PDeCAT Xavier Trias. I així va ser.

Quatre anys després, és més evident que mai, ja que aquesta vegada no ha sigut pels votants, sinó que les pròpies forces anti-independentistes i feixistes de Manuel Valls les que han permès la investidura de la Colau, sense demanar-li res a canvi, únicament que l’independentista Ernest Maragall, que havia empatat amb Barcelona en Comú en número de regidors però l’havia superat en número de vots, no arribés al poder. Si en la primera ocasió, Colau es podria permetre treure pit, ja que quedava ben maquillat aquest fet, en aquest segon cas ha hagut de callar i dissimular davant dels lamentables motius de la seva “victòria”.

Quines medalles es penja l’ajuntament quan es diu a si mateix com “del canvi estructural, que canvia les normes del joc a Barcelona”? El maig del 2019 es va aprovar una normativa que donava cobertura legal a petites sales de música en viu. És a dir, una normativa que directament no beneficia en res a la classe treballadora i que, més aviat, és una victòria pels petits propietaris de locals. Llavors, es pot determinar que Barcelona en Comú és un partit polític que representa els interessos dels petits propietaris, de la petita burgessis, però no queda demostrat que representi els interessos de la classe treballadora. Més aviat el contrari. La seva ideologia és, en el millor dels casos, petitburgesa, en absolut obrera.

Una altra medalla? Treure el bust del Rei Juan Carlos I de la sala de plens de l’ajuntament i organitzar un revolt mediàtic que a la pràctica es tradueix en res. Encara que Colau s’hagi mostrat sempre servicial amb l’estat Espanyol i la seva Corona, cal recordar les seves representacions republicanes. Però bé sabem els comunistes que les mentides que amaga la màscara del republicanisme que la Colau pretén posar-se, ja que una república burgesa no deixa de de ser una altra forma de dominació burgesa. El mateix Lenin a les seves tesis “La democràcia burgesa i la dictadura del proletariat”, passa per cada una de les repúbliques més lliures de l’època i demostra com de tiràniques poden seguir sent, i ens recorda que Marx i Engels defensaven “que la més democràtica de les repúbliques burgeses no pot ser més que una màquina per oprimir a la classe obrera en favor de la burgesia, que posa la massa de treballadors a mercè d’un grapat de capitalistes”.

Cal dir que l’agenda de l’ajuntament a mesura s’alinea amb la dels moviments socials. És a dir, actes polítics reivindicatius d’alguns col·lectius que li han donat un determinat suport, compten amb alguna visibilitat i facilitat per portar-se a terme. Però sent honestos, no podem dir que la classe treballadora de Barcelona es vegi reflectida ni integrada dins dels moviments socials de la mateixa. I en realitat, es precisament perquè els oportunistes ens inciten a votar-los a ells enlloc d’organitzar-nos per nosaltres mateixos. Però la veritat és que sincronitzar els teus actes amb els dels col·lectius socials, per un treball honest que fan, no és sincronitzar-se amb els interessos dels treballadors ni de les persones amb més risc d’exclusió social, que són independents d’aquests moviments en la majoria dels casos. I en qualsevol cas, tampoc passa de ser simbòlic.

Seguim amb les suposades victòries de l’Ajuntament. Recentment, amb l’arribada del nou any, s’ha anunciat una nova política de tarifes dels Transport Metropolità de Barcelona amb la intenció, segons la pròpia Autoritat de TMB, de: “afavorir els usuaris habituals, reduir les emissions contaminants mitjançant la captació d’usuaris de mitjans de transport privats que passen a utilitzar mitjans de transport col·lectius i simplificar la gamma d’abonaments.”

Anem per parts. De quina forma s’afavoreix als usuaris habituals? L’estalvi estarà pels usuaris de la T-Jove, que deixaran de pagar 105 euros i passaran a pagar-ne 80, i pels usuaris de la T-Mes i la T-50/30 que ara comptaran amb la T-Usual i passaran a pagar 14 euros menys i 3,5 euros menys, respectivament. En canvi, en el cas de la T-10, que ara es diu T-Casual, el preu puja de 10,20 a 11,35 euros. Així doncs, depenent de la targeta que s’utilitza, de les teves necessitats, surts afavorit o no, pel que no és del tot exacte que afavoreix els usuaris habituals sempre.

D’altra banda, es declara que es volen atreure els usuaris a que utilitzen el transport públic i no el privat per reduir les emissions contaminants. Aquesta part, xoca amb una altra de les mesures de l’ajuntament que amb la mateixa excusa pretén eliminar els aparcaments gratuïts de tota la ciutat. Segons un article de Metrópoli Abierta, els barris que compten amb més facilitats per aparcar sense costos són Nou Barris, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i el sud-oest de Sants-Montjuïc. També es pagarà menys als aparcaments segons si el cotxe contamina més o menys. Què suposa això per un treballador? Canviar-se de cotxe o directament no poder aparcar de forma gratuïta a ninguna part de la ciutat. Qualsevol tipus de mesura, per justa que sigui, si no la fas amb els ulls posats en els interessos de la classe treballadora els acabes fent en contra d’ella.

En definitiva, insten a la gent amb menys recursos econòmics a utilitzar el transport públic, el qual, com hem vist, va deteriorant el seu servei gràcies a la desatenció de l’ajuntament a les exigències dels treballadors des del 2016 (i abans). Les rentes més altes es podran permetre pagar aparcaments i fins i tot comprar-se un cotxe més ecològic. La mobilitat es dificulta pels treballadors gràcies a Barcelona en Comú i el PSC.

El Partit Comunista Obrer de Catalunya, vista la farsa oberta que representa l’ajuntament de la Colau pe tot el que s’ha exposat, no podem fer res que no sigui exigir la dimissió immediata de l’alcaldessa de Barcelona. Per totes les seves traïcions i mentides a la classe obrera.

Pel contrari, apostem per la unitat dels treballadors als centres de treball a través dels seus òrgans de representació, formant l’Assemblea de Comitès i Delegats de Treballadors, que ha de constituir la columna vertebral sobre la que ha de pivotar la lluita de la classe obrera i la base sobre la que ha de solidificar-se la unitat de totes les lluites del poble treballador als barris, dels immigrants, de la joventut, de la dona treballadora, dels estudiants, conformant el Front Únic del Poble, que uneixi totes aquestes lluites en una única lluita de classes del proletariat contra la burgesia i el seu estat, responsables de tots els mals que la classe obrera i les classes populars patim. És per això que cridem a la participació en la construcció del Front Únic del Poble al moviment dels baris, com per exemple els grups d’Habitatge o col·lectius com el del Migrant del Raval. Aquestes són les veritables eines útils que té la classe obrera per conquerir els seus drets i desenvolupar cap a la presa del poder efectiva per part dels treballadors. Hem d’elevar aquestes lluites econòmiques a una lluita política i ideològica contra el capitalisme i el seu estat, que doni a la classe treballadora d’una organització per substituir el poder dels capitalistes pel poder dels obrers, dels explotats, dels maltractats per la burgesia, és a dir, per conquerir el Socialisme, que és l’única manera de que la democràcia arribi a l’economia i al poble treballador.

 

¡Fora Colau de la alcaldia de Barcelona, la estratègia tramposa y mentidera de la burgesia a la ciutat!
¡Per la construcció del Front Únic del Poble!
¡Pel socialisme!


Barcelona, 8 de març del 2020

Comitè Provincial del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) de Barcelona


Ada Colau, enemiga de la clase obrera

 

La trayectoria como alcaldesa de Ada Colau comenzó en 2015 con una campaña que proponía la restricción de los hoteles de cinco estrellas en la ciudad de Barcelona para intentar frenar el turismo masivo. Dos semanas después de su elección, ya no se supo nada más sobre este proyecto, el plato fuerte de su campaña.

Paralelamente, en la Plaza Catalunya, los trabajadores técnicos de Movistar habían ocupado la tienda de Movistar Centre. Se trataba de una huelga indefinida que habían llevado a cabo los falsos autónomos subcontratados por la compañía para mantener su red. Tras la traición de los sindicatos verticales CCOO y UGT que habían decidido acabar con la huelga, los trabajadores, insatisfechos, decidieron continuar con el paro y ocuparon dicha sede en el centro de la ciudad.

Partidos, colectivos y sindicatos no tardaron en acudir y apoyar la causa. Por un lado, había entidades que ofrecían de forma honesta su ayuda y procuraban elevar cualitativamente su lucha. El Partit Comunista Obrer de Catalunya colaboró recogiendo alimentos y recursos para poder mantener la huelga y organizó una charla en el barrio del Clot con uno de los trabajadores huelguistas miembro del sindicato Co.Bas. El Partido siempre defendió la postura de que ante cualquier conflicto laboral o se soluciona con migajas o se construye unidad obrera, de forma organizada y solidaria entre trabajadores de diferentes empresas y de diferentes sectores para culminar en una victoria real. Una sola clase, una sola lucha de clases contra el Capitalismo y su Estado.

Sin embargo, por otro lado, también acudieron como aves carroñeras los oportunistas de siempre que ahora portaban unas nuevas siglas: Barcelona en Comú, el partido político de la que había sido la principal portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau. Según ellos mismos, habían llegado para hacer un cambio profundo y estructural en la ciudad Condal.

El número dos de la formación, Gerardo Pisarello, una vez ganaron las elecciones, anunció que su intención era renovar el contrato con Telefónica durante seis meses en lugar de un año como se preveía como reprimenda. Además, dijo que quería sentar a los directivos de la compañía para que respetasen las condiciones de sus empleados y subcontratas. ¡Menudo cambio profundo y estructural el de los oportunistas! Pedirle a los explotadores que cumplan con su parte. En cuanto Barcelona en Comú accedió al gobierno municipal, la huelga y la ocupación finalizó con la esperanza depositada en el nuevo ayuntamiento. Los falsos autónomos de Movistar descubrieron pronto que la táctica de los oportunistas, como Colau y Pisarello, no era más que la perpetuación del engaño que los sindicatos del Capital – CCOO y UGT – habían llevado a cabo poco antes en contra de los intereses de los trabajadores, pero en esta ocasión llevado a la política.

Así pues, la realidad nos acabó dando la razón a los comunistas que desde el principio defendimos la unidad de toda la clase obrera como un solo bloque y que las huelgas sin dicha unidad únicamente se saldan con migajas, en el mejor de los casos.

Y es que la figura de Ada Colau no es la de una embaucadora a la que poco a poco se le cae la máscara, sino que es la de una oportunista que desde el primer minuto mostró su verdadero rostro. Su trayectoria como alcaldesa bien podemos decir que está manchada desde un principio.

Desde que llegó a la alcaldía, ¿qué ha hecho Ada Colau? ¿Qué victorias ha conseguido para la clase trabajadora? Hace un año, la publicación Metrópoli Abierta publicaba que fuentes de Barcelona en Comú aseguraban que habían llegado a cumplir el 80% de su programa electoral. Declaraban: “Hemos dado un impulso a las medidas contra los desahucios, ¡consiguiendo parar en esta legislatura más de 6.000 desalojos!” “se han habilitado oficinas de información energética, se han multiplicado las becas comedor, se han intensificado las ayudas al alquiler y se han puesto en marcha medidas de cambio estructural que cambian las reglas del juego en Barcelona”. ¿Pero es eso cierto? Repasemos algunos de los hechos que han marcado la trayectoria del consistorio.

Pocos meses después de las elecciones de 2015, en las que ganó Barcelona en Comú, en enero de 2016 se desató una huelga de los trabajadores de Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB) que reclamaban, según el sindicato CGT, “la remunicipalización, la denuncia de los sueldos abusivos de sus directivos y el avance del modelo privatizador”. Se eligieron esas fechas para que coincidieran con el Mobile World Congress, congreso que Colau también prometió impedir que se siguiera celebrando en la ciudad durante la campaña electoral y que, a la hora de la verdad, se llevó a cabo igualmente. Las negociaciones de TMB con el consistorio fracasaron y Ada Colau llegó a calificar la huelga de “desproporcionada” alegando que ellos -el Ayuntamiento- habían hecho “lo máximo”. Para justificar esta acusación, su responsable de movilidad hizo hincapié en que el sueldo anual bruto de la plantilla de TMB era, como mínimo, de 29.000 euros (33.000 euros de media) y que el 90% de la plantilla tenía un contrato indefinido. Los sindicatos negaron dichas cifras y, en definitiva, las mezquinas justificaciones del nuevo consistorio volvieron a mostrar la larga distancia que les separan de los verdaderos intereses de la clase obrera. Poco después se viralizaron unas imágenes en las que trabajadores de TMB increpaban a la alcaldesa y que reflejaban bien que Ada Colau es, simplemente, una política más que perpetua los intereses de la burguesía frente a las proclamas de los explotados.

Y no únicamente los perpetúa de forma abstracta, sino que lo hace abiertamente, con proyectos que se remontan a sus predecesores a los que se supone que pretendían dejar atrás. Por un lado, como hemos visto con los trabajadores del TMB, o con el turismo como ya se ha dicho con los hoteles de cinco estrellas que encarecen la ciudad. Pero los casos no terminan aquí. La publicación Kaos en la Red, informaba en un artículo recientemente que en 1997 empezó a desarrollarse un proceso de privatización de los Servicios Funerarios de Barcelona, con PSC, Iniciativa y ERC. El proceso ha culminado en una privatización definitiva en 2020. Eloi Badia, Concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica y Presidente de Cementerios de Barcelona, se justificaba alegando que “el Ayuntamiento no quiere participar de un negocio”.

Sin embargo, los trabajadores de dichos servicios defienden la municipalización, y “se preguntan cómo con esta venta se controlarán mejor los precios, cómo se garantizarán los puestos de trabajo, cómo se garantizará mejor el acceso en casos de familias con precariedad económica, etc.” Los Tanatorios de Les Corts, Collserola y Sant Gervasi son de propiedad municipal con concesión de gestión privada (igual que TMB). Sin embargo, tras esta privatización, el Ayuntamiento se desentenderá del mantenimiento de los Tanatorios. Y es que, desde el principio, parece que Colau sigue apostando por la privatización y no por la municipalización de los servicios, actuando de manera opuesta a lo que decía en campaña electoral.

En 2018 el ayuntamiento intentó impulsar una multiconsulta que pretendía preguntarnos a los barceloneses si queríamos remunicipalizar la gestión del servicio del agua, entre otros servicios. Parecía una especie de “copia” del referéndum de autodeterminación, pero encarado a cuestiones sociales. Cabría esperar que un ayuntamiento que se vende tan cercano a los problemas de las clases populares y por la municipalización – aunque ahora mismo abiertamente ya no lo son -, no necesite una consulta para municipalizar un recurso tan básico como el agua. Dicha propuesta no salió adelante con los votos contrarios, entre otras fuerzas, de la CUP.

En octubre del mismo año se volvió a impulsar una multiconsulta por la remunicipalización del agua en la que, además, se nos quería preguntar a los ciudadanos de Barcelona si queríamos el cambio de nombre de la plaza Antonio López, un traficante de esclavos español. Gracias a la presión de diferentes colectivos, entre ellos, El Espacio del Migrante del Raval, se consiguió quitar la estatua conmemorativa que se erguía en el centro de la plaza. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya frenó la multiconsulta y, por lo tanto, ni se ha remunicipalizado el agua ni se ha cambiado el nombre a la plaza.

El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona apoyó abiertamente la candidatura de Colau en 2015, ya que creían y confiaban en que la sensibilidad del nuevo consistorio podía ayudar a acabar con la brutalidad policial y la persecución en contra de los manteros. Nada más lejos de la realidad, las detenciones y persecuciones continuaron y el acoso policial no cesó ni un solo día. Colau negoció con la Guardia Urbana para intentar conseguir que cesara el acoso y la represión por lo menos un día a la semana para que los vendedores ambulantes pudieran desempeñar su trabajo en las Ramblas. Consiguieron unas pocas horas a la semana, que además, justo cuando terminaban dichas horas, empezaban sin compasión de nuevo las detenciones.

Colau dijo que al llegar al ayuntamiento se había encontrado con una policía que no podía controlar y que actuaban de forma autónoma y sin responder ante los órganos institucionales.

Así pues, en general, Barcelona en Comú se justifica cuando no puede solucionar algún tipo de cuestión social alegando que se encuentra con barreras que no puede atravesar, como la Guardia Urbana en el caso de los manteros, o como el Tribunal Superior de Catalunya en el caso de su idealista multiconsulta por los derechos básicos. De alguna forma dan a entender que por ellos harían más, pero que es el propio sistema el que se lo impide. Llegados a este punto entonces nos deberíamos preguntar: ¿Por qué Ada Colau se presenta a las elecciones? Cuando anunció que dejaba de ser portavoz de la PAH, no era difícil sospechar que quería abordar la política institucional y, más concretamente, la alcaldía de Barcelona. Pronto empezó su campaña electoral y dijo abiertamente que se presentaría como candidata a las municipales alegando que quería ser la alcaldesa de las personas con situaciones más vulnerables. Pero si luego no puede resolver dichas situaciones de vulnerabilidad, ¿cuál es su excusa? Dicho de forma simple: si se presentaba porque podía ser más útil en las instituciones que en el activismo social, pero una vez en las instituciones está atada de pies y manos y no puede hacer nada, ¿por qué no vuelve al activismo social donde sería más útil? Sobra decir que los intereses de la “alcaldesa de la PAH” eran otros desde un principio.

Con respecto a los desahucios, es cierto que el año pasado se pararon 2.560, aunque fue gracias, sobre todo, a la presión que se ejerce en la calle por parte de grupos organizados de vecinos. Desde que Colau es alcaldesa, la PAH sigue atendiendo a personas en riesgo de ser desahuciadas. El año pasado se dictaminaron 4.770 lanzamientos (los 2.560 parados representarían un 53%). Además, en casi todos los barrios de la ciudad han surgido Grupos de Habitatge y Sindicats de Llogateres, más centrados en los casos de alquiler que en las hipotecas. Es decir, el paradigma no ha cambiado en absoluto y las cifras de lanzamientos parados quedan bastante lejos de los “6.000 desalojos” que afirman haber parado desde el ayuntamiento los miembros de Barcelona en Comú entrevistados por Metrópoli Abierta como se decía unos párrafos antes. Además, se le suma ambigüedad al asunto cuando se utiliza el término “desalojo” que no es sinónimo de “desahucio”. En el primer caso, se utiliza cuando se expulsa a personas que residen en la vivienda ocupándola de forma ilegal. En el segundo caso se utiliza cuando las personas que viven en la casa han accedido de forma legal. A saber pues, a qué 6.000 casos se referían.

Barcelona se encuentra lejos de ser la ciudad sin desahucios de la que se presume. El pasado martes 3 de marzo, un dispositivo policial irrumpía en el barrio de Poble Sec para desalojar el Bloc Llavors, propiedad del fondo buitre Vauras Investment, en el que vivían seis familias que habían sido desahuciadas de sus anteriores viviendas. El desalojo se llevó a cabo con violencia. Según las propias personas afectadas: “han reventado la puerta, y cuando han entrado, se les he dicho que queríamos salir por nuestro propio pie, dejadnos sacar los carros. Y nos han dicho: ‘de una hostia te voy a sacar, hija de puta’ y nos han empujado”.

¿Qué ha hecho el Ayuntamiento al respecto? Enviar a un grupo de técnicas de la unidad antidesahucios que no han podido, ni siquiera, acceder a la vivienda y multar al fondo buitre con 90.000 euros por cada una de las viviendas. ¿Dónde irá a parar ese dinero? ¿De qué les sirve a las familias que ahora se encuentran en la calle? ¿Qué lección supone para el fondo buitre con una facturación de más de 2.500.000 euros (según el diario Expansión)? De nuevo no encontramos cambio estructural ni cambio en las reglas del juego por ninguna parte.

¿Quién estuvo intentando frenar el despropósito de la Generalitat que envió a sus matones a tirar a las familias a la calle? Miembros de los Sindicats per l’Habitatge de todos los barrios de la ciudad, arriesgando su integridad física frente a la violencia de la policía.

Otro caso conocido fue el de Cinto, en el barrio del Clot, un hombre de 92 años con un 75% de discapacidad que estuvo a punto de ser desahuciado. Al contrario que en caso del Bloc Llavors, el desahucio se consiguió parar, pero gracias al titánico trabajo que llevó a cabo el Observatori d’Habitatge i Turisme del Clot-Camp de l’Arpa, difundiendo por medios de comunicación y redes sociales el caso y movilizando colectivos. El Partit Comunista Obrer de Catalunya, siempre ha estado presente en dichas acciones, colabora abiertamente con dichas organizaciones y se ha puesto al lado de la unidad de acción popular igual que lo estuvo de la unidad sindical en el caso de Movistar en 2015. Mientras que los oportunistas del ayuntamiento siguen limpiándose la cara, multando con miles de euros a empresas multimillonarias o diciendo que hacen todo lo que pueden pero que no les permiten más.

¿De verdad han cumplido con el 80% de su programa? Es muy posible que así sea, sin embargo, menuda vergüenza de programa han llevado desde un principio.

Así pues queda demostrada, no solo la hipocresía de Ada Colau y Barcelona en Comú, sino también que desde el principio se mostraron como los oportunistas que son.

En realidad, a nadie le debería sorprender que la “alcaldesa de la PAH” se sostenga en su segundo mandato gracias al voto de Manuel Valls. Dicho voto emana del miedo al independentismo que supuso la victoria de ERC en las últimas elecciones en 2019. Pero es que la primera victoria de Colau emanó del mismo miedo cuatro años antes. En su primera victoria electoral, la alcaldesa ya se sostenía en gran medida gracias al voto anti-independentista, puesto que muchos de los que la votaron lo hicieron al ver que era la única posibilidad que existía de quitar de la alcaldía al miembro del PDeCAT Xavier Trias. Y así fue.

Cuatro años después es más evidente que nunca, ya que esta vez no han sido los votantes, sino las propias fuerzas políticas anti-independentistas y fascistas de Manuel Valls las que han permitido la investidura de Colau sin pedirle nada a cambio, únicamente para que el independentista Ernest Maragall, que había empatado con Barcelona en Comú en número de regidores, pero los había superado en número de votos, no llegara al poder. Si en las primeras elecciones Colau se podía permitir sacar algo de pecho, ya que quedaba bien maquillado este hecho, en las segundas elecciones ha tenido que callar y disimular frente a los bochornosos motivos de su “victoria”.

¿Otras medallas se cuelga el ayuntamiento que se denomina a sí mismo como “del cambio estructural que cambian las reglas del juego en Barcelona”? En mayo de 2019 se aprobó una normativa para dar cobertura legal a pequeñas salas de música en vivo. Es decir, una normativa que directamente no beneficia en nada a la clase trabajadora y que, más bien, es una victoria para los pequeños propietarios de locales. Entonces se puede determinar que Barcelona en Comú es un partido político que representa a los intereses de los pequeños propietarios, de la pequeña burguesía, pero no queda demostrado que represente los intereses de la clase trabajadora. Más bien lo contrario. Su ideología, en el mejor de los casos, es pequeñoburguesa, en absoluto obrera.

¿Otra medalla? Sacar el busto Rey Juan Carlos I de la sala de plenos del ayuntamiento y organizar un revuelo mediático que, en la práctica, se traduce en nada. Aunque Colau se haya mostrado siempre servicial con el Estado Español y su Corona, hay que reseñar sus representaciones republicanas. Pero bien sabemos los comunistas las mentiras que alberga la máscara del republicanismo que Colau pretende ponerse, cual antifaz, ya que una república burguesa, a fin de cuentas, no deja de ser una forma de dominación burguesa más. El propio Lenin en sus tesis “La democracia burguesa y la dictadura del proletariado”, deshilacha cada una de las repúblicas supuestamente más libres de su época para demostrar cuan tiránicas pueden seguir siendo, y nos recuerda que Marx y Engels defendían “que la más democrática de las repúblicas burguesas no puede ser más que una máquina para oprimir a la clase obrera en favor da la burguesía, que pone a la masa de trabajadores a merced de un puñado de capitalistas”.

Cabe decir que la agenda del ayuntamiento a menudo se alinea con la de los movimientos sociales. Es decir, actos políticos reivindicativos de algunos colectivos que le han dado un determinado apoyo, cuentan con alguna visibilidad y facilidad para llevarse a cabo. Pero siendo honestos, no podemos decir que la clase trabajadora de Barcelona se vea reflejada ni integrada dentro de los movimientos sociales de la misma. Y en realidad, es precisamente porque los oportunistas nos instan a votarles a ellos y no a organizarnos por nosotros mismos. Pero la verdad es que acompasar tus actos con los de colectivos sociales, por un trabajo honesto que desempeñen, no es acompasarse con los intereses de los trabajadores ni de las personas con mayor riesgo de exclusión social que son ajenos a dichos movimientos en su mayoría. Y, en cualquier caso, tampoco pasa de lo simbólico.

Sigamos pues con las supuestas victorias del Ayuntamiento. Recientemente, con la llegada del nuevo año, se ha anunciado una nueva política tarifaria del Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB) con la intención, según la propia Autoritat del Transport Metropolità de: “favorecer a los usuarios habituales, reducir las emisiones contaminantes mediante la captación de usuarios de medios de transporte privados que pasen a utilizar medios de transporte colectivos y simplificar la gama de abonos.”

Vamos por partes. ¿De qué forma se favorece a los usuarios habituales? El ahorro estará para los usuarios de la T-Jove, que dejarán de pagar 105 euros y pasarán a pagar 80, y para los usuarios la T-Mes y la T-50/30 que ahora contarán con la T-Usual que pasarán a pagar 14 euros menos y 3’5 euros respectivamente. Sin embargo, en el caso de la T-10, que ahora se llama T-casual, el precio pasa de ser 10’20 a 11’35. Así pues, dependiendo de la tarjeta que uses, según tus necesidades, sales favorecido o no, por lo que no es exacto que se favorezca a los usuarios habituales siempre.

Por otro lado, se declara que se quiere atraer a los usuarios a que utilicen el transporte público y no el privado para reducir las emisiones contaminantes. Esta parte entronca con otra de las medidas del ayuntamiento que con la misma excusa pretende eliminar los aparcamientos gratuitos en toda la ciudad. Según un artículo de Metrópoli Abierta, los barrios que cuentan con mayores facilidades para aparcar sin coste son Nou Barris, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi y al suroeste de Sants-Montjuïc. También se pagará menos en los aparcamientos según si el coche contamina más o menos. ¿Qué supone para un trabajador? Cambiarse de coche o directamente no poder aparcar de forma gratuita en ninguna parte de la ciudad. Cualquier tipo de medida, por justa que sea, si no la haces con los ojos puestos en los intereses de la clase trabajadora, la acabas haciendo en contra de esta.

En definitiva, se insta a la gente con menos recursos económicos a utilizar un transporte público, el cual, como hemos visto, va deteriorando su servicio gracias a la desatención del ayuntamiento. Las rentas más altas podrán permitirse pagar aparcamientos o incluso pagarse un coche más ecológico. La movilidad se dificulta para los trabajadores gracias a Barcelona en Comú y el PSC.

El Partit Comunista Obrer de Catalunya, visto la farsa abierta que representa el ayuntamiento de Colau por todo lo expuesto, no podemos hacer otra cosa que exigir la dimisión inmediata de la alcaldesa de Barcelona. Por todas sus traiciones y mentiras a la clase obrera.

Por el contrario, abogamos por la unidad de los trabajadores en los centros de trabajo a través de sus órganos de representación, conformando la Asamblea de Comités, Delegados y Trabajadores, que debe constituir la columna vertebral sobre la que debe pivotar la lucha de la clase obrera, y la base sobre la que debe solidificarse la unidad de todas luchas del pueblo trabajador en los barrios, de los inmigrantes, de la juventud, de la mujer trabajadora, de los estudiantes, conformando el Frente Único del Pueblo que una todas esas luchas en una única lucha de clases del proletariado contra la burguesía y su Estado, responsables de todos los males que la clase obrera y las clases populares padecemos. Es por ello que llamamos a la participación en la construcción del Frente Único del Pueblo al movimiento barrial, como por ejemplo son los Grupos de Habitatge o colectivos como el del Migrante del Raval. Esas son las verdaderas herramientas útiles que tiene la clase trabajadora para conquistar sus derechos e ir desarrollando nuestras estructuras de poder para empoderar a la clase obrera y avanzar hacia la toma del poder efectiva por parte de los trabajadores. Debemos elevar dichas luchas económicas a una lucha política e ideológica contra el Capitalismo y su Estado, que dote a la clase obrera de organización para sustituir el poder oprobioso de los capitalistas y elevar el poder de los obreros, de los explotados, de los maltratados por la burguesía, es decir, para conquistar el Socialismo que es la única manera en la que la democracia arribe a la economía y al pueblo trabajador.

 

¡Fuera Colau de la alcaldía de Barcelona, la estrategia tramposa y mentirosa de la burguesía en la ciudad!
¡Por la construcción del Frente Único del Pueblo!
¡Por el socialismo!


Barcelona, 8 de marzo de 2020

Comitè Provincial del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) de Barcelona